·Art. 55, 56 y 57 sancionan boicot,
desestabilización y reventa de productos
·Superintendenta Tarazón exigió compromiso ético
de las y los fiscales
·Grande o pequeño: Todo el que incurra en
previstos de ley será sancionado
Durante la instalación de la I Jornada sobre la Ley Orgánica de Precios
Justos: aspectos administrativos y penales, la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, destacó que existen 15 delitos penales relacionados con la
guerra económica.
Díaz enfatizó que ante la actual guerra económica, el Estado venezolano
y la población tienen que prepararse y abordar el tema con todas las
herramientas que otorga el Estado.
Los artículos 55, 56 y 57 se refieren al boicot (multa, ocupación
temporal y prisión de 10 a 12 años), desestabilización de la economía (pena
máxima en su límite máximo y confiscación de bienes) y reventa de productos de
primera necesidad (multas y comiso de productos).
En la Jornada de formación para fiscales del Ministerio Público y
funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos, participaron también la
líder de dicha institución, Andreína Tarazón, además del Mayor General (M/G)
Luis Motta Domínguez, Intendente del organismo.
La Superintendenta Tarazón reflexionó sobre cómo la impunidad de los
delitos socava las bases morales del pueblo. Se comprometió a hacer cumplir,
junto al Poder Popular, la nueva Ley. Exigió y apoyó, el castigo a los
culpables y el impulso del Estado a los comerciantes honestos.
Necesitamos el compromiso ético de las y los profesionales de nuestras
instituciones, junto al pueblo organizado y consciente, dijo Tarazón, al
auditorio colmado de servidoras y servidores públicos responsables de que el
novedoso ordenamiento legal impacte favorablemente en la economía criolla.
Precisó que los delitos de acaparamiento y especulación atentan contra
el patrimonio de millones de personas. “Tenemos la necesidad de transformarnos
culturalmente y repudiar el delito y el robo”, aseveró.
Por parte del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía,
el M/G Hebert García Plaza, enfatizó que
aunque los vendedores informales también son víctimas de la usura, la ley es
clara: la reventa de productos de primera necesidad es un delito. “Todo el que
incurra en los hechos previstos en la Ley será sancionado”, acotó.
Explicó que el espíritu de la ley no es atacar a los comerciantes (ni
pequeños, ni grandes) sino acabar con la cadena especulativa en la economía
local. “Tuvimos experiencias recientes que demostraron que la usura está en el
sector privados, pero cuenta con la complicidad de algunos funcionarios
públicos”, dijo.
Por su parte, el intendente de Precios Justos de la Sundde, M/G Luis
Motta Domínguez, manifestó que estas actividades de difusión de la Ley han sido
organizadas para cubrir todo el territorio. “Debe convertirse en un espejo de
la situación de los precios en la calle”, aclaró.
FIN/SUNDDE/ER/YU